Me parece un gran avance que hoy en día las personas se fijen y cuestionen con mayor haínco la actuación del Poder Judicial ya sea federal o local, pues a todos debería de interesarnos que clase de juzgadores tenemos, cómo se destina y ejerce el presupuesto a dicho poder y finalmente que clase de resoluciones están emitiendo.
Aplaudo que se exija a juzgadores mayor sensibilidad en la resolución de los casos que conocen y que haya comenzado un ejercicio de critica respecto a los criterios que sustentan en sus fallos, sin embargo, considero que lo anterior no debe caer en el extremo de generar presión mediática a efecto de incidir en la actuación de los jueces a quienes deberíamos buscar se les garantice su independencia.
El caso más reciente, sobre este problema es el del Juez Federal Anuar González Hemedi, quien por varias semanas, fue objeto de amenazas y denuncias de "corrupción" por el amparo otorgado a uno de los llamados "Porkys de Veracruz".
La indignación y presión mediática en medios de comunicación y redes sociales fue tan grande, que el Consejo de la Judicatura Federal, suspendió e inició una investigación administrativa en contra del juzgador, el cual, en mi opinión, ha caído en la opacidad, dado que no se conoce el acuerdo que se tomó en la sesión ni tampoco se sabe el avance de las investigaciones, pero eso es una cuestión que parece a nadie le interesa pues lo importante era buscar de alguna forma mandar un mensaje a la opinión pública de que existe una especie de castigo público al juez, al haberlo suspendido e investigarlo.
Debería de preocuparnos llegar a esos extremos, pues los jueces cederán cada vez más a un fallo de clamor popular y no por lo que se encuentre acreditado o no en los expedientes, afectando totalmente su independencia e imparcialidad, dañando seriamente la impartición de justicia.
¿Qué podemos hacer ante este problema? La Barra Mexicana de Abogados, organizó un foro jurídico analizando esta situación. El resultado del foro arrojó dos posibles acciones que permiten atacar este problema y que son:
1) La participación de los medios de comunicación en el que respeten la presunción de inocencia y regulen el uso de imágenes en las redes sociales. Díficil tarea en mi opinión.
2) Establecer un Código de Ética para uso de redes sociales que deberán de seguir los miembros de ese Colegio. En mi opinión, una propuesta interesante que merecería la pena analizar para su aplicación en todo el sector.
De lo anterior, se puede observar que son buenas propuestas sobre el problema, pero solo impactan en los que se encuentran en el sector jurídico y no en toda la sociedad.
Por otra parte ¿Qué acciones le corresponden al Estado, en especifico al Consejo de la Judicatura, como encargado de la vigilancia y sanción de los jueces y magistrados?
Una acción del Estado, es garantizar la independencia de los juzgadores, pero ¿Cómo? Tal vez se podría elaborar un protocolo o generar una capacitación sobre el tema, pues hay que recordar que los jueces no tienen aptitud para soportar presión mediática de los medios de comunicación y ahora, las redes sociales, pues prácticamente se encuentran ajenos al escrutinio público y ello quedó comprobado con la solicitud del Juez González, de excusarse de seguir conociendo del asunto.
Una segunda medida, sería que ante casos como el del Juez de Distrito de Veracruz, debería de transparentarse toda la investigación o al menos las actuaciones relevantes, pues considero que en asuntos de este tipo, debería privilegiarse el principio de máxima publicidad.
Como sociedad tenemos un gran reto, y es el de privilegiar la presunción de inocencia, defender el debido proceso, etc., que en la mayoría de las veces cede o no se acepta ante casos de impunidad que desgraciadamente han prevalecido a lo largo de nuestra historia.
Cierro este post con una frase del Juez Guatemalteco Miguel Ángel Gálvez:
"Yo lo que tengo que hacer es dictar una resolución, no para convencerlos porque convencidos no van a quedar”.
Agradezco la lectura y me encuentran en twitter como @abogadotellez.
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